Qué primer mes: Abelardo deja 15 uniformados asesinados, una ministra denunciada ante la Fiscalía y un funeral con fusiles que nadie interrumpió

El gobierno de Abelardo de la Espriella cumple su primer mes este lunes 7 de septiembre de 2026. Es el momento en que un gobierno deja de prometer y empieza a mostrar cifras. Estas son las suyas, y no vienen de la oposición: vienen de Caracol, de la revista Cambio, de El Colombiano, de los registros de Función Pública y de los anuncios del propio presidente.

15 policías y militares asesinados en 30 días

Según el conteo de Caracol, en el primer mes de gobierno fueron asesinados 12 militares y 3 policías: 15 miembros de la fuerza pública. La cifra de heridos y lesionados en servicio llega a 76.

El contraste es el dato que nadie está poniendo sobre la mesa. Durante la etapa de ofensiva del gobierno anterior —la más dura, cuando se rompieron los diálogos y la fuerza pública salió a golpear estructuras— el promedio mensual fue de 9,4 uniformados asesinados en servicio y 48 heridos. Quince frente a 9,4 es un aumento cercano al 60% en asesinatos, y 76 frente a 48 es un aumento del 58% en heridos, en el mes que este gobierno ha vendido como el de la mano dura.

Los hechos están documentados uno por uno: el ataque con drones explosivos contra una estación de policía en Ataco, Tolima, el 30 de agosto; un artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca, el 1 de septiembre; el hostigamiento con fusil y explosivos a una base militar en el oriente del Cauca el 6 de septiembre; y el enjambre de drones contra el Cantón Militar Trapiche en Ocaña, que mató a un capitán y a un soldado. De ese ataque salieron soldados mutilados, algunos con las dos piernas amputadas.

Sobre ese último ataque, la respuesta presidencial fue anunciar que apenas iba a diseñar una estrategia para el Catatumbo. Un mes después de posesionarse.

El gobierno que prometió acabar con el terrorismo lleva un mes con más uniformados muertos que el promedio mensual de la ofensiva anterior, y con menos golpes al negocio que los financia.

Menos droga incautada y capturas que inflan la cuenta

El presidente ha anunciado 71 toneladas de sustancias ilícitas incautadas y más de 15.400 capturas en su primer mes. Las dos cifras necesitan contexto. En incautaciones, el gobierno anterior reportaba alrededor de 150 toneladas mensuales: menos de la mitad. Y las 15.400 capturas corresponden al total de detenciones por todo tipo de delito —riñas, violencia intrafamiliar, porte de estupefacientes—, que es aproximadamente el promedio mensual ordinario del país. No son 15.400 capturas de miembros de estructuras armadas.

Presentar el promedio normal de un país como resultado propio es la operación estadística más vieja que existe. Y funciona, porque casi nadie va a mirar de qué está compuesta la cifra.

La primera ministra denunciada ante la Fiscalía

La revista Cambio reveló que una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación involucra a María Noemí Arboleda Arango, ministra de Minas y Energía, por la contratación de la directora ejecutiva del FENOGE, el fondo que administra recursos del ministerio para energías renovables.

La secuencia, según el acta de la sesión del 14 de agosto de 2026: la propia ministra presentó la candidatura de Melva Rocío Pérez Tuta; el comité la eligió por unanimidad y le fijó honorarios de 52 millones de pesos mensuales más IVA —61,8 millones—, un 32,22% por encima de lo que ganaba el director anterior. El acta registró cinco votos con cuatro personas presentes, porque uno de los integrantes ocupaba dos puestos en el comité. La ministra firmó el documento como presidenta del órgano.

El problema es doble. Primero, la tabla de honorarios del propio fondo, actualizada para 2026, fijaba un techo de 45,5 millones mensuales con IVA: los honorarios aprobados quedaron unos 16,4 millones por encima del máximo, una diferencia del 35,9%. El comité decidió no aplicarle esa circular a la nueva directora. Segundo, y más grave: el manual de contratación del fondo exige un estudio de mercado para definir el valor de la contratación antes de iniciar el proceso. Aquí se fijó primero la remuneración y después se ordenó preparar los soportes precontractuales. El contrato se firmó cuatro días después, el 18 de agosto, por 282,5 millones de pesos hasta el 31 de diciembre.

La denuncia radicada ante la Fiscalía señala presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, e incluye a los integrantes del comité que participaron en la decisión.

Todo esto en el gobierno que se presentó como el del fin del derroche y que anunció un grupo élite anticorrupción —dirigido, según dijo, a revisar al gobierno anterior—.

El hermano del presidente y tres declaraciones de bienes en dos días

Los registros públicos del Departamento Administrativo de la Función Pública muestran un patrón difícil de explicar en la declaración de bienes y rentas de Abelardo de la Espriella Tercero, hermano del presidente y contratista del Estado.

• Reportó un contrato con la Alcaldía de Montería por 28,5 millones, pero no reportó su vínculo con la Dirección de Administración Judicial de Montería por 82 millones.
• El 3 de enero de 2026 declaró, para el año gravable 2025, honorarios por 37 millones, otros ingresos por 10 millones y una cuenta de ahorros de 3 millones.
• El 26 de agosto de 2026, a las 2:40, presentó una declaración con cero ingresos, sin cuentas, sin bienes y con domicilio en Afganistán.
• Ese mismo 26 de agosto, a las 3:10, presentó otra: vuelven los 37 millones en honorarios y los 10 millones de otros ingresos, pero desaparece la cuenta de ahorros.
• El 27 de agosto, a las 6:49, envió una tercera modificación, sin registrar que ante la Administración Judicial de Montería había declarado salarios y otros ingresos por 60 millones y deudas por 30 millones para ese mismo año gravable.

Tres versiones distintas del mismo año en menos de 48 horas, justo cuando su hermano ya era presidente y él acababa de conseguir contrato. La declaración de bienes y rentas no es un trámite decorativo: es la herramienta con la que el país verifica que un funcionario o contratista no se está enriqueciendo con lo público.

El funeral con fusiles que nadie interrumpió en Riohacha

Días después de que el gobierno convirtiera la caída de alias ‘Bendito Menor’ en bandera política, su entierro en Riohacha se convirtió en lo contrario.

El Colombiano describió la escena: un funeral masivo que paralizó un tramo de la Troncal del Caribe, una caravana de motos que atravesó la ciudad de sur a norte y jóvenes disparando al aire con pistolas y fusiles AK-47 mientras sonaban corridos alusivos a la estructura armada. La policía nunca llegó. En ningún momento, en ningún punto del recorrido.

El propio presidente publicó uno de esos videos en sus redes y escribió que a esos hombres “los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo”. Es decir: reconoció públicamente que estaban identificados, filmados y armados en la vía pública, y aun así no hubo un solo operativo, ni durante el recorrido ni después.

El mismo gobierno que acusó a la oposición de defender criminales permitió que a un cabecilla lo despidieran como a una celebridad, con fusiles al aire y en plena capital departamental.

Y hay un detalle que desarma la otra narrativa del oficialismo. Se conocieron publicaciones de la pareja del cabecilla en las que repetía la consigna de campaña del hoy presidente. Durante días se afirmó que estas personas eran afines al progresismo; sus propias redes dicen otra cosa. Sobre las dudas que dejó ese operativo escribimos antes: por qué murieron las cuatro personas de la casa y qué firmó su pareja horas antes.

El tren interoceánico del que se burlaron durante cuatro años

En su visita al Chocó, acompañado de un grupo de grandes empresarios, el presidente anunció: “He ordenado que se realice la evaluación de la posibilidad de una obra que ya está estudiada y tiene alguna proyección”. Habló de un canal interoceánico y, en la misma tarima, el gerente del fondo estatal explicó las dos alternativas para conectar el Atlántico y el Pacífico: un canal, o un ferrocarril entre el Urabá antioqueño y un puerto de aguas profundas en el Chocó.

Esa segunda alternativa no es una idea nueva. El Ministerio de Transporte del gobierno anterior dejó en mayo los estudios de prefactibilidad de un corredor férreo de 223 kilómetros entre Turbo, en Antioquia, y puertos del Chocó, con un costo estimado de 54,6 billones de pesos y un cálculo de 258.000 personas beneficiadas en municipios como Bahía Solano, Carmen del Darién, Riosucio, Acandí y Juradó.

Durante cuatro años ese proyecto fue el chiste favorito de la oposición: “ideas intergalácticas”, “una línea dibujada en Paint sobre un mapa”. La frase volvió a circular en las últimas horas, repetida casi textualmente por decenas de cuentas y por algún concejal, mientras el gobierno anuncia que va a evaluar exactamente eso. En obra pública nadie construye al día siguiente de tener la idea: primero van los estudios de prefactibilidad —trazados, demanda, costos, geología, ambiente—, después la factibilidad y los diseños definitivos. La prefactibilidad ya estaba hecha, y la hizo el gobierno del que se burlaron.

El expresidente Gustavo Petro respondió que unir el Pacífico con el Caribe por tren es más viable que por canal, porque un canal arrastra complicaciones ambientales por el aumento del nivel del mar, y agregó que la obra debería ir acompañada de infraestructura de fibra óptica y puertos de propiedad pública. Esa es, justamente, la pregunta que el anuncio del Chocó deja abierta: quién se queda con la concesión, con los puertos y con la minería de una de las regiones más empobrecidas del país.

Y lo que no se puede preguntar

Hay un último indicador, menos vistoso pero decisivo: qué pasa cuando alguien pide información. Un senador radicó el 19 de agosto una solicitud a la Aeronáutica Civil sobre los datos de vuelos del gobierno. El 1 de septiembre la Aeronáutica trasladó el requerimiento al Ministerio de Vivienda. El 7 de septiembre el Ministerio de Vivienda respondió trasladándolo de vuelta a la Aeronáutica Civil.

En este portal nos pasó lo mismo. Los derechos de petición que enviamos sobre los costos y la justificación de la sede presidencial alterna en Barranquilla rebotaron entre el Ejército, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía y el Ministerio de Defensa, con cada entidad declarándose sin competencia. La primera dama tampoco ha rendido cuentas públicas del destino de los recursos que recibió su fundación.

Un mes es poco para juzgar un gobierno y demasiado para no preguntarle nada. Las preguntas que quedan son concretas: ¿por qué aumentaron los uniformados asesinados si el discurso es de mano dura? ¿Va a apartar el presidente a su ministra mientras la Fiscalía revisa la denuncia? ¿Por qué no hubo un solo operativo en un funeral con fusiles que él mismo publicó? ¿Y por qué las entidades del Estado no responden cuánto cuesta este gobierno?