Cayó la primera: denuncian ante la Fiscalía a la ministra de Minas de Abelardo por un contrato de 52 millones al mes

El gobierno de Abelardo de la Espriella cumplió su primer mes el 7 de septiembre y ya tiene a una ministra en manos de la Fiscalía. La revista Cambio reveló que una denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación involucra a María Noemí Arboleda Arango, ministra de Minas y Energía, por la forma en que se contrató a la directora ejecutiva del FENOGE, el fondo que administra recursos del ministerio para energías renovables.

Qué pasó en la reunión del 14 de agosto

Según el acta de esa sesión, el comité directivo del fondo se reunió de manera presencial en la sede del Ministerio de Minas y Energía. La sesión fue presidida por la propia ministra, que además presentó la candidatura de Melva Rocío Pérez Tuta para dirigir el fondo.

• El comité la eligió por unanimidad para el periodo entre el 14 de agosto y el 31 de diciembre de 2026.
• Le fijó honorarios de 52 millones de pesos mensuales más IVA: 61,8 millones.
• Eso es un 32,22% más de lo que ganaba el director anterior.
• El acta contabilizó cinco votos aunque participaron cuatro personas, porque uno de los integrantes ocupaba dos puestos en el comité.
• La ministra firmó el documento como presidenta del órgano.

Los dos problemas: el techo y el orden

El primero es el monto. La tabla de honorarios del propio FENOGE, actualizada para 2026 con un incremento general del 5,03%, fijaba un techo de 45,5 millones mensuales con IVA. Los honorarios aprobados quedaron unos 16,4 millones por encima de ese máximo: una diferencia del 35,9%. El comité decidió no aplicarle esa circular a la nueva directora, con el argumento de que la tabla la había expedido la dirección ejecutiva y que fijar la remuneración le correspondía exclusivamente al comité.

El segundo es el orden de los pasos, y es el más difícil de explicar. El manual de contratación del fondo exige que el estudio de mercado se haga para definir el valor de la contratación, y que los términos y condiciones se elaboren antes de iniciar el proceso. Aquí ocurrió al revés: primero se fijó cuánto iba a ganar y quién iba a ser, y al terminar la sesión la secretaría general informó que los documentos se enviarían al equipo del fondo para estructurar los soportes precontractuales y contractuales.

Se decidió cuánto pagar antes de estudiar cuánto valía. En el acta no quedó registrada ninguna consideración adicional del comité sobre el monto: el único anexo fue la hoja de vida de la elegida.

Cuatro días después, el 18 de agosto, se firmó el contrato por 282,5 millones de pesos hasta el 31 de diciembre. El 19 de agosto empezó su ejecución.

Los delitos que menciona la denuncia

La denuncia conocida por Cambio señala presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, e incluye a los integrantes del comité que participaron en la decisión, pidiendo establecer la responsabilidad de quienes tramitaron, aprobaron y suscribieron el contrato.

El presunto contrato sin cumplimiento de requisitos legales se sustenta en que los honorarios se habrían definido antes de elaborar el estudio de mercado. El presunto prevaricato, en la decisión de excluir a la directora de una circular vigente. Y sobre el interés indebido, la denuncia pide establecer si la contratada intervino después en el trámite presupuestal, en la preparación del contrato o en la autorización de sus propias cuentas, aunque no participó en la sesión que fijó sus honorarios.

Nada de esto es una condena. Es una denuncia, y le corresponde a la Fiscalía establecer si hubo delito y a un juez decidirlo. Lo que sí es un hecho, y está en el acta, es la secuencia.

El gobierno que venía a acabar el derroche

Conviene poner esto contra el discurso con el que llegó este gobierno: reducir gastos, acabar el derroche y montar un grupo élite anticorrupción —anunciado, según el propio presidente, para revisar al gobierno anterior—. La pregunta que queda es sencilla: ¿va a apartar del cargo a su ministra mientras la Fiscalía revisa la denuncia, como exigía cuando el investigado era otro?

A esto se suma lo que ya se conocía del primer mes: la salida de la ministra de Educación, un contrato de prestación de servicios por 95,2 millones que quedó firmado a su paso por esa cartera, y las inconsistencias en las declaraciones de bienes y rentas del hermano del presidente ante Función Pública, que cambió su declaración tres veces entre el 26 y el 27 de agosto. El recuento completo está en nuestro balance del primer mes de gobierno.