Urgente: Alcaldía de Fico adjudicó malla vial por $51.628 millones a un consorcio presuntamente ligado al entorno de Emilio Tapia, denunció Hernán Muriel

El congresista Hernán Muriel y el equipo de Cofradía denunciaron públicamente presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de mantenimiento de la malla vial de Medellín, por más de 51 mil millones de pesos. Según la denuncia, la evaluación de la licitación la encabezaba otro proponente y el resultado se invirtió después de corregir una presunta “columna oculta” en un archivo de Excel, dejando como ganador al Consorcio INFRADETEL.

Antes de reproducir la denuncia, este portal fue a verificar lo verificable. Consultamos el expediente del proceso en SECOP II, la plataforma oficial de contratación pública del Estado. Esto es lo que encontramos, y no depende de la palabra de nadie.

Lo que dice el registro oficial de SECOP II

• Entidad contratante: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, NIT 890905211, a través de la Secretaría de Suministros y Servicios.
• Proceso: 70007842 de 2026, licitación pública de obra pública, para construcción, conservación y mantenimiento de la malla vial y obras complementarias.
• Presupuesto oficial (precio base): $56.026.569.330. Publicado el 25 de marzo de 2026; ofertas recibidas hasta el 22 de abril; apertura el 1 de junio.
• Adjudicación: 11 de junio de 2026, al CONSORCIO INFRADETEL, por $51.628.403.876.
• Contrato electrónico 4600107948 de 2026, firmado el 18 de junio, con inicio el 8 de julio y fin previsto el 31 de diciembre de 2026. Estado actual: en ejecución.
• Representante legal que figura en el contrato: JUAN GONZALO MOLINA VÁSQUEZ.
• Al proceso respondieron 41 proveedores únicos.

Dos cosas quedan verificadas de manera independiente. La primera: la cifra que denuncia el congresista —$51.628 millones— coincide al peso con el valor de adjudicación que reporta el Estado. La segunda: el nombre que la investigación señala como representante del consorcio es, efectivamente, el que aparece firmando el contrato en el registro oficial.

El expediente completo es público y cualquiera puede consultarlo: proceso 70007842 de 2026 en SECOP II.

La “columna oculta” que, según la denuncia, cambió el resultado

El punto central de lo que denuncia Hernán Muriel es el mecanismo. Según su investigación, en la evaluación de las ofertas iba primero otro proponente, y la corrección de una columna supuestamente oculta dentro del archivo de Excel con el que se calificaba alteró el orden y dejó a INFRADETEL en el primer lugar.

¿Cómo así que una “columna oculta” en un archivo de Excel define una licitación multimillonaria?
— Hernán Muriel, congresista, en X

Cuando el orden de una licitación de más de 51 mil millones de pesos depende de una celda que aparentemente nadie veía, el país tiene derecho a preguntar quién la puso ahí, cuándo y con qué consecuencia.

Ese es exactamente el documento que falta y que solo pueden entregar la Alcaldía o los organismos de control: el archivo de Excel nativo con sus versiones, fórmulas y metadatos, junto con el historial completo de observaciones y solicitudes de revocatoria radicadas en la plataforma. Sin eso no se puede establecer si hubo un error de cálculo o algo distinto de un error.

El secretario que se apartó del proceso

Hay un dato de procedimiento que la investigación documenta y que hasta ahora no había entrado en la discusión pública. Según los documentos recopilados por el equipo del congresista, el acta del proceso identifica a Jaime Andrés Naranjo como secretario ad hoc de Suministros y Servicios, lo que indica que el secretario titular se apartó de la decisión. Declararse impedido es un acto legal y, en principio, correcto: la ley obliga a hacerlo cuando existe un conflicto de interés. La pregunta no es si se hizo, sino por qué. La investigación busca precisamente la declaración de impedimento del titular, el acto que la aceptó y la Resolución 202650040765, documentos que la Alcaldía puede entregar hoy mismo.

Quiénes conforman el consorcio, según la investigación

De acuerdo con la denuncia del congresista, el Consorcio INFRADETEL está integrado por INFRACO, con el 90 % de participación, y EDETEL, con el 10 % restante. La investigación de Cofradía plantea, a partir de certificados de cámaras de comercio, actas de asamblea y providencias judiciales, una cadena de vínculos familiares y comerciales que llevaría hacia el entorno empresarial de Emilio Tapia.

En concreto, la investigación sostiene que Juan Gonzalo Molina, quien representa legalmente al consorcio, tendría una hija propietaria de INFRACO y otra casada con Juan José Laverde, condenado por un juez en el caso Centros Poblados, el desfalco de 70 mil millones de pesos del Ministerio TIC. La Superintendencia de Sociedades declaró en su momento a Emilio Tapia y a Hugo Canabal como controlantes de las sociedades que integraron la unión temporal de ese caso. El parentesco es uno de los puntos que la propia investigación señala como pendiente de confirmar con registros civiles, y así lo consignamos.

Molina no es un desconocido en el sector. La ficha oficial de Cementos Argos sobre el tramo Cisneros–Loboguerrero lo identifica como director de obra y gerente del consorcio constructor: un ingeniero vial con trayectoria en grandes proyectos. La investigación explora además, como hipótesis todavía sin certificación laboral, que habría sido gerente técnico de Conalvías, según perfiles profesionales indexados en LinkedIn y SignalHire. Conalvías Construcciones S.A.S., hoy en liquidación judicial, tiene un pliego de cargos de la Superintendencia de Sociedades bajo el régimen de responsabilidad administrativa por presuntos actos de corrupción. La propia investigación advierte que ese vínculo laboral está pendiente de confirmación documental.

Hay también una coincidencia de fechas que merece explicación. INFRACO celebró una asamblea extraordinaria de accionistas el 9 de abril de 2026 (acta 061) y EDETEL otra el 13 de abril (acta 143). El plazo para presentar ofertas cerraba el 22 de abril. Que dos sociedades del mismo consorcio modifiquen su estructura a nueve y trece días de licitar no es, por sí solo, irregular. Pero qué se decidió en esas actas —cambios de accionistas, de representación o de objeto— es una pregunta legítima, y la respuesta está en documentos que ya existen.

La denuncia añade dos antecedentes contractuales. El primero: INFRACO participó en otro contrato vial de Medellín por más de 65 mil millones de pesos, el proceso 70007451 de 2023, que en SECOP II figura con un presupuesto base de 70 mil millones y adjudicado el 21 de junio de ese año por $65.026.971.827, y que la Alcaldía presentó entonces como “la inversión más grande en diez años para renovar la malla vial”. Esa adjudicación fue declarada nula por falta de sustento técnico, decisión confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado; antes, el consorcio ganador había pedido ceder el contrato, según reportó El Colombiano. Tres años después, según la denuncia, una de esas empresas vuelve a quedarse con la malla vial.

El segundo: EDETEL, cuya razón social es Ingeniería Telecomunicaciones de Antioquia S.A.S., está matriculada en la Cámara de Comercio de Montería, no en la de Antioquia, y según la investigación habría nacido como una empresa dedicada al comercio de prendas de vestir que después cambió su nombre y su objeto social. Entre los documentos que el equipo del congresista busca están los que acrediten la ocupación real de su oficina y el aporte efectivo de la sociedad al consorcio. La pregunta de fondo sigue siendo cómo acreditó la experiencia para participar en una obra vial de esta magnitud.

Lo que la denuncia NO afirma

Esto es tan importante como lo anterior y conviene decirlo con claridad. La investigación del congresista Muriel no afirma que Emilio Tapia sea propietario del Consorcio INFRADETEL. Lo que plantea es una cadena de presuntos vínculos familiares y empresariales que, por el volumen de recursos públicos comprometidos, exige explicaciones y una revisión de los organismos de control.

Del mismo modo: ni el Consorcio INFRADETEL, ni INFRACO, ni EDETEL, ni Juan Gonzalo Molina Vásquez han sido hallados responsables de ninguna irregularidad en este proceso. Todo lo consignado aquí en relación con ellos corresponde a hechos presuntos, atribuidos expresamente a la denuncia del congresista, y a documentos públicos. Este portal mantiene abierto el espacio para su respuesta y la de la Alcaldía de Medellín, y la publicará íntegra si la envían.

Qué sigue: 14 derechos de petición y los entes de control

El congresista informó que radicó 14 derechos de petición de distinta índole para profundizar la investigación y que solicitó formalmente la intervención de los organismos de control. También cuestionó públicamente el silencio de medios de la región sobre el caso.

Las preguntas que quedan sobre la mesa son concretas y las puede responder la Alcaldía de Medellín en una tarde: ¿quién elaboró y quién revisó el archivo de evaluación? ¿En qué momento se detectó la columna y quién la reportó? ¿Qué proponente encabezaba antes de la corrección? ¿Por qué se apartó el secretario titular y con qué fundamento? ¿Qué cambió en las asambleas de accionistas de abril, días antes del cierre de ofertas? ¿Qué verificación de antecedentes se le hizo a los integrantes del consorcio antes de adjudicar 51.628 millones de pesos? ¿Y cómo acreditó su experiencia una sociedad que antes tenía otro objeto social?

Sobre otra denuncia de contratación pública que ya está en manos de la Fiscalía, esta vez en el gobierno nacional, escribimos acá: la ministra de Minas y el contrato del FENOGE.