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Ya empezó: aparece un exnarco declarando contra Petro en EE. UU., justo lo que él advirtió durante todo su gobierno

Semana publicó las declaraciones de un exnarco extraditado que dice estar testificando en Estados Unidos contra Gustavo Petro. Su denuncia original era contra la Fiscalía y los tribunales de extinción de dominio; el salto hacia el expresidente llega sin un solo hecho que los conecte.

Durante todo su gobierno, Gustavo Petro repitió una advertencia: que había narcos y exnarcos ubicados en Estados Unidos y en Ecuador siendo preparados para declarar contra él y contra sectores del progresismo, con el fin de vincularlos con el narcotráfico o el lavado de activos. Llegó a presentar material sobre eso. La respuesta habitual fue que se trataba de otra teoría suya.

Esta semana apareció el primero. Y apareció en Semana.

Qué denunció y en qué momento cambió de tema

El punto de partida es una denuncia pública de narcos que figuran como testigos en Estados Unidos. Lo que denuncian es lo que llaman un “cartel de la toga” en los procesos de extinción de dominio en Colombia: corrupción en la Fiscalía, en los juzgados y en los tribunales de extinción, bienes entregados que nunca fueron sometidos al proceso, exigencias de dinero y presiones a través de nuevos procesos judiciales.

Uno de ellos es Juan Fernando Álvarez, a quien la Fiscalía le adelantó un proceso de extinción de dominio después de su entrega a las autoridades estadounidenses; han pasado más de trece años y, según su denuncia, la Fiscalía no ha resuelto la legalidad de los procedimientos de incautación.

Hasta ahí es una denuncia sobre la rama judicial y sobre la Fiscalía. Instituciones que, por definición constitucional, no dependen del presidente de la República.

El salto llega después, en la misma publicación: Álvarez aseguró que está declarando ante la justicia de Estados Unidos contra el expresidente Petro por una supuesta entrega de dinero hecha a través de una persona cercana a él, y sostuvo que las evidencias en su poder muestran que otros señalados narcos entregaron dinero al exmandatario.

Se pasa de denunciar a fiscales y magistrados de extinción de dominio a acusar al jefe del Ejecutivo, sin explicar en ningún momento qué une una cosa con la otra.

No hay fecha, no hay monto, no hay operación, no hay nombre de esa persona cercana. La única costura entre las dos partes de la denuncia es que las dice la misma persona, y esa persona necesita algo de la justicia estadounidense.

El segundo: Olmedo López y la CIDH

Casi en paralelo se conoció que Olmedo López presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por supuestas interferencias de Petro en su caso. López es una de las figuras centrales del escándalo de la UNGRD y, hasta ahora, tanto él como Sneider Pinilla habían sostenido que el entonces presidente no tenía relación con esos hechos.

Vale la pena registrar el detalle institucional: la Fiscal General es Luz Adriana Camargo. La tesis de que el expresidente podía interferir en un proceso de la Fiscalía tendría que explicar cómo, y por qué esa misma Fiscalía no avanzó en procesos contra figuras de la derecha durante su gobierno.

Por qué importa quién dijo primero la palabra extradición

El contexto que da sentido a la secuencia es que el actual presidente ha anunciado en público, más de una vez, que buscará la extradición de Petro. Un presidente no extradita a nadie: no es juez, no es la Corte Suprema y no es el Congreso. Pero el anuncio fija una expectativa, y a las pocas semanas empiezan a aparecer los testigos.

Nada de esto significa que las acusaciones sean necesariamente falsas; significa que, tal como están planteadas, no tienen un solo hecho verificable que las sostenga, y que llegan en el momento exacto en que le sirven a alguien. Eso es lo que hay que vigilar, y por eso lo registramos: si mañana aparece la prueba, la publicaremos igual.

Sobre cómo la presión judicial desde Estados Unidos ya golpeó al expresidente en lo cotidiano, escribimos antes: la Lista OFAC y el vuelo cancelado. Y el balance del primer mes de gobierno, con las cifras de seguridad que nadie está contando, está acá: 15 uniformados asesinados en treinta días.