Gobierno Abelardo quiere tumbar el freno a bombardeos cuando exista alerta sobre menores

El Gobierno de Abelardo de la Espriella abrió un nuevo choque jurídico después de anunciar que buscará reversar una decisión judicial que restringe temporalmente operaciones de bombardeo cuando exista información sobre la posible presencia de niños, niñas o adolescentes.

La medida fue adoptada por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá dentro de una tutela. Por ahora no se trata de una sentencia definitiva, sino de una medida cautelar mientras el despacho adopta una decisión de fondo.

La orden exige que Presidencia, Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas se abstengan de efectuar determinados bombardeos cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores.

La reacción del Ejecutivo fue inmediata.

El ministro Rodrigo Lara afirmó que el Gobierno respeta las decisiones judiciales, pero considera que el criterio utilizado resulta excesivamente amplio y puede terminar haciendo materialmente imposibles algunas operaciones.

Según Lara, organizaciones armadas que reclutan menores podrían beneficiarse indirectamente de la restricción al obtener una especie de protección territorial frente a ataques aéreos.

Ese argumento plantea un dilema real, pero no elimina otro igualmente grave: los niños reclutados siguen siendo víctimas del conflicto, incluso cuando grupos criminales los utilizan dentro de sus estructuras.

El juez ordenó tener presentes principios como distinción, precaución y proporcionalidad, además del interés superior de los menores y las obligaciones nacionales e internacionales de protección a la niñez.

El Gobierno pretende controvertir jurídicamente esa decisión.

Ahí estará una de las primeras grandes pruebas para la política de “mano dura” de De la Espriella.

El Estado tiene el derecho y la obligación de perseguir estructuras armadas ilegales, pero ese poder no es ilimitado. Colombia está sometida a la Constitución y a reglas de derecho internacional humanitario que existen precisamente porque incluso la guerra tiene límites.

El debate no debería reducirse a escoger entre combatir criminales o proteger niños.

La obligación del Estado es hacer ambas cosas.

Y cuando existe información seria sobre menores reclutados, tratarlos simplemente como parte del objetivo militar puede convertir a las víctimas del reclutamiento en víctimas también de quienes tenían la obligación constitucional de protegerlas.