Policías que protegían a Petro terminaron en zonas de alto riesgo: ¿traslado normal o mensaje del nuevo poder?

Decenas de uniformados que trabajaban en la Jefatura de Protección Presidencial durante el gobierno de Gustavo Petro fueron enviados a distintas regiones del país, varias de ellas golpeadas por graves problemas de orden público y presencia de organizaciones armadas ilegales.

Los movimientos aparecen en la Orden Administrativa de Personal 26-233, expedida el 21 de agosto de 2026.

El documento registra traslados de integrantes de la Dirección de Protección y Servicios Especiales hacia lugares como Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca, Meta, Caquetá, Chocó, Arauca, La Guajira, Urabá y Vichada.

Varios de esos territorios enfrentan escenarios especialmente complejos.

Norte de Santander continúa afectado por la actividad del ELN y otras estructuras armadas. Cauca y Nariño concentran presencia de diferentes facciones de las disidencias de las Farc. En otras regiones operan estructuras del Clan del Golfo y organizaciones dedicadas al narcotráfico.

El paso desde labores de protección presidencial hacia unidades territoriales representa por tanto un cambio considerable para numerosos policías.

Pero hay un detalle indispensable antes de convertir la noticia en una denuncia política.

La orden administrativa conocida no afirma que el presidente Abelardo de la Espriella haya ordenado personalmente los movimientos.

Tampoco señala que los traslados sean un castigo por haber trabajado con Gustavo Petro ni establece que su finalidad sea reforzar operaciones de guerra contra grupos armados.

Afirmar cualquiera de esas cosas como un hecho iría más allá de lo demostrado por el documento.

Eso no impide formular preguntas.

¿Por qué se produjo una redistribución tan amplia pocas semanas después del cambio de Gobierno? ¿Cuántos policías fueron trasladados exactamente? ¿Qué criterios se utilizaron para escogerlos? ¿Cómo será reemplazado el personal que salió de Protección Presidencial?

La Policía debería explicar con claridad esas decisiones.

En algunos casos la orden contempla incluso prima de instalación por el cambio del lugar de servicio, lo que confirma que se trata de movimientos administrativos formales.

La noticia merece vigilancia, pero también precisión.

Por ahora está probado que numerosos policías que protegieron al anterior presidente fueron redistribuidos hacia regiones complejas.

Lo que todavía no está probado es que exista detrás una retaliación política ordenada desde la Casa de Nariño.