Enrique Gómez quiere dar reversa al aborto en Colombia y lo llama “asesinato”: se viene otra guerra política

El senador Enrique Gómez anunció que buscará modificar las reglas que regulan el aborto en Colombia y abrió de inmediato uno de los debates más explosivos de la agenda política nacional.

El director de Salvación Nacional hizo el anuncio durante una entrevista con la periodista Eva Rey, quien le preguntó directamente si pretendía cambiar el marco actual sobre interrupción voluntaria del embarazo.

Gómez respondió afirmativamente y sostuvo que Colombia necesita avanzar hacia una política de protección de la vida desde la concepción.

La discusión escaló cuando el senador calificó como “asesinato” los abortos realizados en los últimos años y aseguró que alrededor de 250.000 niños por nacer habrían muerto durante los cuatro años anteriores, cifra presentada por él durante la entrevista.

Eva Rey cuestionó inmediatamente la utilización de esa palabra y llevó el debate a uno de los escenarios más difíciles: los embarazos de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

El choque refleja la profundidad de una discusión que seguramente llegará también al Congreso.

Pero cualquier intento de Gómez enfrenta un elemento jurídico fundamental.

En Colombia la regulación vigente no depende únicamente de una ley ordinaria que pueda eliminarse fácilmente mediante una votación parlamentaria.

La Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional estableció que el aborto consentido no configura delito cuando se realiza antes de la semana 24 de gestación.

Después de ese momento continúan además vigentes las excepciones reconocidas desde la Sentencia C-355 de 2006: riesgo para la vida o salud de la mujer, grave malformación fetal incompatible con la vida y embarazo producto de determinados delitos sexuales, inseminación no consentida o incesto.

El Congreso conserva margen para legislar, pero cualquier reforma deberá respetar la Constitución y la jurisprudencia constitucional vigente.

Por eso la promesa de “cambiar” el aborto puede resultar políticamente mucho más sencilla que jurídicamente ejecutable.

Gómez acaba de poner nuevamente sobre la mesa una batalla cultural que divide profundamente al país.

El debate deberá darse.

Pero deberá hacerlo con información jurídica precisa y sin desconocer que detrás de las consignas existen mujeres, niñas, víctimas de violencia sexual, médicos y decisiones personales extremadamente complejas.