Abelardo quiere borrar al campesino: filtran el chat que ordena “evitar el uso” de la palabra campesinos y no decir reforma agraria

Se filtró un chat interno de la Agencia Nacional de Tierras, que hoy dirige Lina María Garrido en el gobierno de Abelardo de la Espriella, en el que se les dan a los funcionarios instrucciones concretas sobre qué palabras pueden y no pueden usar. Dos de ellas: “reforma agraria” y “campesinos”.

El mensaje explica que los lineamientos salieron de los consejos de redacción liderados por la oficina de comunicaciones y enumera los términos que “deben empezar a implementar” en informes, documentos y piezas gráficas:

En el marco del nuevo gobierno, no utilizar el término reforma agraria; se debe sustituir por expresiones como acceso a tierras, formalización, entre otras. Priorizar el término productores rurales y evitar el uso recurrente de campesinos.

Ahí no hay interpretación posible. No es un consejo de estilo ni una preferencia editorial: es una directriz institucional para que la entidad encargada de la tierra en Colombia deje de nombrar a quienes la trabajan.

El campesinado no es una palabra: es una figura constitucional

Aquí está lo que convierte el chat en algo más grave que un asunto de marketing político. El Acto Legislativo 01 de 2023 reformó el artículo 64 de la Constitución y reconoció al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Antes la norma hablaba de “trabajadores agrarios”; fue esa reforma la que incorporó expresamente al campesinado.

El artículo le impone al Estado el deber de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, reconoce la dimensión económica, social, cultural, política y ambiental del campesinado y establece que los campesinos y las campesinas son libres e iguales frente a las demás poblaciones y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación, en particular la fundada en su situación económica, social, cultural y política.

Una entidad del Estado no puede decidir por circular interna que una población reconocida en la Constitución deje de nombrarse. Eso no es cambiar el vocabulario: es empezar a desmontar un sujeto de derechos.

Lo mismo pasa con “reforma agraria”. No es una consigna de campaña: es el nombre de una política con respaldo legal desde la Ley 160 de 1994, que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, ordenó reformar la estructura social agraria, prevenir la concentración inequitativa de la tierra y dotar de tierra a los campesinos de escasos recursos. Sustituirla por “acceso a tierras” y “formalización” no es un sinónimo: es un recorte.

Quién dio la orden

La Red Nacional de Reforma Agraria fue la que dio la primera alerta. Denunció que un funcionario del círculo cercano a la directora de la Agencia Nacional de Tierras estaría orientando a las entidades del sector para retirar esas expresiones del lenguaje institucional. La directriz que aparece en el chat filtrado llega a los funcionarios a través de la oficina de comunicaciones y bajo el argumento de que así se decidió “en el marco del nuevo gobierno”.

Hasta ahora, ni la Agencia Nacional de Tierras ni el Ministerio de Agricultura han explicado quién autorizó esos lineamientos, con qué fundamento jurídico se ordena omitir una categoría constitucional ni si la instrucción sigue vigente.

No es la primera palabra que este gobierno quiere quitar

El antecedente es reciente: en el ICBF ya se había hablado de sacar la palabra “niñas” del lenguaje de la entidad. Es el segundo caso conocido en el que una institución del Estado, bajo este gobierno, decide dejar de nombrar a una población que la ley reconoce de manera expresa.

El analista Ariel Ávila lo resumió con la pregunta que queda: si hoy se borran “campesino” y “reforma agraria”, cuáles siguen —democracia, institucionalidad, libertad de prensa—. Los gobiernos autoritarios no suelen empezar cerrando periódicos. Empiezan cambiando el significado de las palabras, y quien las use después queda por fuera del lenguaje oficial.

Las preguntas que el gobierno de Abelardo tiene que responder son simples: ¿quién ordenó estos lineamientos? ¿Se le aplicaron a toda la Agencia Nacional de Tierras o solo a una dependencia? ¿Y cómo piensa cumplir el artículo 64 de la Constitución una entidad a la que le prohibieron escribir la palabra que ese artículo protege?