¡Ojo con la libreta militar! Ser remiso puede costar millones, pero esta es la norma que realmente está vigente

Los colombianos que cumplen 18 años adquieren obligaciones relacionadas con la definición de su situación militar, y dejar pasar citaciones o trámites puede terminar generando sanciones económicas importantes.

Sin embargo, hay que tener cuidado con información que sigue circulando basada en normas antiguas.

La regulación central vigente es la Ley 1861 de 2017, que reemplazó buena parte del régimen anterior establecido por la Ley 48 de 1993.

Según la ley actual, quien haya sido citado a concentración por las autoridades de reclutamiento y no se presente en la fecha, hora y lugar indicados puede recibir una multa equivalente a un salario mínimo mensual por cada año de retraso o fracción.

El límite es de cinco salarios mínimos.

Con el salario mínimo establecido para 2026 en $1.750.905, una sanción de cinco salarios podría superar los $8,7 millones.

La legislación contempla igualmente una sanción de un salario mínimo por cada año o fracción de retraso para el estudiante aplazado mayor de edad que, después de obtener su diploma de bachiller, no se presente ante la autoridad competente.

Hay además una diferencia importante entre no haber definido la situación militar y ser considerado remiso.

La Ley 1861 prohíbe que la Fuerza Pública realice redadas u operativos sorpresa destinados a detener ciudadanos únicamente porque no hayan solucionado su situación militar.

También existen diferentes causales legales de exoneración y aplazamiento.

En materia laboral, la situación militar debe acreditarse para determinados efectos, pero las empresas no pueden simplemente exigir la tarjeta militar como condición automática para acceder a un empleo. La legislación contempla mecanismos provisionales y plazos para regularizar la situación.

Por eso cualquier joven que tenga dudas debería revisar directamente su estado ante las autoridades de reclutamiento y no confiar en cadenas o publicaciones basadas en legislación derogada.

Hay una diferencia enorme entre estar obligado a adelantar el trámite, ser citado formalmente, encontrarse aplazado y ser declarado remiso.

Y esa diferencia puede representar varios millones de pesos.

Antes de pagar intermediarios o asumir que existe una multa automática, lo recomendable es verificar qué actuación administrativa existe realmente y bajo qué artículo de la Ley 1861 se está adelantando.