El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que el próximo 7 de agosto, día de su posesión, firmará un decreto para crear un llamado “Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana”, una figura que ya encendió las alarmas en sectores progresistas, defensores de derechos humanos y voces del gobierno saliente por el riesgo de abrir la puerta a esquemas de seguridad con rasgos peligrosamente parecidos a experiencias que Colombia ya vivió con consecuencias trágicas.
Según informó La Silla Vacía, De la Espriella hizo el anuncio a través de su cuenta de X y aseguró que convocará a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para poner en marcha lo que denominó “la más grande operación de seguridad urbana en Colombia”. El argumento del presidente electo es combatir delitos como la extorsión, los atracos y los homicidios en las principales ciudades del país.
Sin embargo, el anuncio genera una preocupación de fondo: hasta ahora no se conocen detalles sobre la conformación de ese “bloque”, quiénes lo integrarían, bajo qué mando operaría, qué controles tendría, cuál sería su relación con la Fuerza Pública, si incluiría civiles, reservistas, veteranos o esquemas mixtos, ni qué límites legales tendría para actuar en los territorios urbanos.
Esa falta de claridad es justamente lo que más inquieta. En un país marcado por la expansión del paramilitarismo, las ejecuciones extrajudiciales, los abusos de autoridad y la privatización de funciones de seguridad, cualquier fórmula que hable de “bloques de defensa” despierta temores históricos. Colombia ya conoce lo que ocurre cuando el Estado promueve, tolera o deja crecer estructuras paralelas bajo el discurso de combatir la criminalidad.
La palabra “bloque” no es menor. En la memoria reciente del país, los bloques fueron la forma como se organizaron muchas estructuras paramilitares que sembraron violencia en regiones enteras. Y aunque el anuncio de De la Espriella está planteado, por ahora, como una política de seguridad urbana, el lenguaje utilizado y la ausencia de precisiones institucionales han provocado una reacción inmediata desde sectores de izquierda.
Uno de los cuestionamientos más fuertes vino del ministro de Minas, Edwin Palma, quien advirtió que una experiencia similar ya existió en Colombia con las Convivir, cooperativas de vigilancia impulsadas en los años noventa que terminaron siendo señaladas, en varios casos, por sus vínculos con el paramilitarismo. Para Palma, el país ya sabe en qué terminó ese modelo: la mezcla peligrosa entre civiles armados, seguridad privada, permisividad estatal y guerra interna.
También reaccionó el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien calificó la propuesta como una amenaza gravísima y la asoció directamente con el paramilitarismo. Para sectores progresistas, el problema no es que el Estado combata la extorsión, los atracos o los homicidios. El problema es cómo pretende hacerlo y si, bajo la promesa de “mano dura”, se termina debilitando el monopolio legítimo de la fuerza, militarizando la vida urbana o entregando funciones de seguridad a estructuras sin control democrático suficiente.
La preocupación aumenta porque esta propuesta no aparece aislada. Durante la campaña, De la Espriella ya había defendido ideas como una “primera línea de seguridad” compuesta por veteranos y reservistas, que trabajaría con la ciudadanía y la Fuerza Pública contra delitos comunes. También propuso un Bloque de Búsqueda contra la extorsión. Vistas en conjunto, estas iniciativas configuran una visión de seguridad centrada en la confrontación, el endurecimiento del orden público y la creación de cuerpos especiales cuya naturaleza jurídica todavía no está suficientemente explicada.
Desde una mirada de izquierda, el riesgo es evidente: Colombia podría entrar en una etapa de seguridad urbana basada en lógicas de enemigo interno, vigilancia extendida, estigmatización social y participación de actores no ordinarios en tareas que deben estar estrictamente reguladas por la Constitución, la ley y los derechos humanos.
La seguridad ciudadana es una demanda real. Las comunidades que padecen extorsiones, robos, homicidios y control criminal necesitan respuestas urgentes. Pero esa respuesta no puede ser cualquier cosa. No puede consistir en reeditar fórmulas que históricamente terminaron en abusos, persecuciones, falsos positivos, justicia privada o expansión de poderes armados por fuera de controles civiles.
El anuncio también plantea una discusión institucional delicada. De la Espriella habló de crear el bloque por decreto, es decir, mediante una decisión del Ejecutivo. Eso abre preguntas sobre si una transformación de esta magnitud en la política de seguridad puede hacerse sin un debate amplio en el Congreso, sin control previo suficiente, sin participación de organizaciones de derechos humanos y sin explicaciones claras a la ciudadanía.
Además, el respaldo inmediato de algunos alcaldes, como Alejandro Char en Barranquilla, muestra que la propuesta podría tener apoyo político en ciudades gobernadas por sectores cercanos al presidente electo. Para sus defensores, se trataría de una respuesta firme frente al crimen. Para sus críticos, en cambio, el entusiasmo de poderes locales sin claridad sobre los límites del nuevo esquema puede convertirse en una combinación peligrosa: seguridad, política regional y fuerza pública actuando bajo una lógica de excepcionalidad permanente.
El debate apenas comienza, pero el anuncio ya deja una señal preocupante sobre el rumbo que podría tomar el próximo gobierno. Colombia necesita seguridad, sí, pero también necesita garantías democráticas. Necesita proteger a la ciudadanía del crimen, pero también protegerla de abusos estatales o paraestatales. Necesita enfrentar la extorsión, pero no a costa de revivir modelos que el país asocia con una de sus etapas más oscuras.
La pregunta de fondo es si el nuevo “Bloque de Defensa” será una estructura estrictamente estatal, sometida a controles legales, judiciales y civiles, o si terminará abriendo una zona gris donde se mezclen Fuerza Pública, autoridades locales, reservistas, veteranos y ciudadanía organizada bajo una narrativa de guerra contra el delito.
En Colombia, esas zonas grises ya han costado demasiadas vidas.
Por eso, el anuncio de Abelardo de la Espriella no puede pasar como una simple promesa de seguridad. Debe ser examinado con lupa por el Congreso, las cortes, los organismos de control, la prensa, las organizaciones sociales y la comunidad internacional. En un país con la historia de Colombia, cualquier intento de crear “bloques de defensa” debe ser recibido con máxima vigilancia democrática.
La seguridad no puede convertirse en la excusa para normalizar estructuras que recuerdan el pasado paramilitar. Y la lucha contra el crimen no puede terminar debilitando el Estado de derecho que dice defender.